La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General Delegada para el sector Medio Ambiente, en el marco del desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal correspondiente al segundo semestre de 2020, inició “Auditoría de Cumplimiento” con el propósito de establecer la efectividad de la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- y del Ministerio del Medio ambiente con relación a sus funciones de control y vigilancia sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo.
En el proceso, la Contraloría Delegada, reconociendo el papel protagónico que ha jugado Asoquimbo en la defensa y protección de los derechos de los afectados por la represa, convocó la organización a una reunión de trabajo para que se ampliara la información y los argumentos que Asoquimbo ha presentado sobre los incumplimientos a la Licencia Ambiental.
La reunión se llevó a cabo el pasado jueves 13 de agosto con la participación de la Coordinadora de Gestión de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Ambiente, siete funcionarios de su equipo de trabajo y Jenniffer Chavarro Quino, Miller Dussán Calderón y Juan Carlos Albarracín Gallego integrantes de Asoquimbo.
Durante el desarrollo de la reunión la Coordinadora de Gestión manifestó que la Auditoria “está enfocada a evaluar desde la competencia de la ANLA y el Ministerio del Medio Ambiente, la gestión de estas entidades con respecto al proyecto. La efectividad de su gestión respecto a las actividades desarrolladas en el Proyecto El Quimbo”.
Los antecedentes de la Auditoría
El docente e Investigador Miller Dussán Calderón expresó que la Auditoría obedece también a las diferentes y permanentes comunicaciones enviadas por Asoquimbo al ente de Control, a través de la cuales se ha entregado información valiosa sobre los incumplimientos a la Licencia Ambiental por parte de Enel (Emgesa). Aseguró el profesor Dussán que desde el año 2018 se ha solicitado a la Contraloría abrir varias investigaciones sobre temas que hoy hacen parte de esta Auditoría.
Entre las comunicaciones enviadas por la organización destacó las más recientes tales como:
“El 21 de agosto del año 2018 Asoquimbo solicitó mediante derecho de petición dirigido a la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, una intervención inmediata al P.H. El Quimbo debido a las afectaciones al patrimonio del Huila, las fallas estructurales, las amenazas y riesgos, la inexistencia del plan de contingencia e incumplimiento de compensaciones. En respuesta al derecho de petición, la Contraloría Delegada anunció en su momento que consideraba importante los hechos puestos en conocimiento y que iba a proceder a evaluarlos”.
El 27 de mayo de 2019 Asoquimbo envió un documento llamado “Estado de cumplimento de la Licencia Ambiental de El Quimbo” donde se destacan 8 grandes temas en los que se agrupan los principales incumplimientos a las obligaciones adquiridas en la Licencia Ambiental.
Miller Dussán hizo una exposición de los principales elementos contenidos en dichos temas y que a juicio de Asoquimbo, deben ser objeto de atención por parte de la Contraloría, señalando con mayor énfasis los siguientes:
- Estado actual de los reasentamientos
Aquí se destacó que los reasentamientos de Montea, Santiago-Palacios y La Galda donde fueron reubicadas las familias desplazadas por la hidroeléctrica, aún se encuentran en situación de ilegalidad, pues fueron construidos sin contar con la certificación de uso del suelo favorable para asentamientos humanos en zona rural. Al día de hoy sigue sin resolverse esta situación.
- No restitución de la actividad productiva e Incumplimiento del Decreto 1277 de 2013
Relacionada con la compra de 2.700 hectáreas de tierra por parte del Ministerio de Agricultura y adecuadas por EMGESA. Asoquimbo denunció de nuevo ante la Contraloría que Enel (Emgesa) de manera fraudulenta y engañosa presionó a 422 personas del total de 426 beneficiarias para que, a través de la firma de un documento, renunciaran a su derecho a tierras a cambio de un capital semilla.
Por otro lado, señaló que el Ministerio de Agricultura aún no ha dado cumplimiento al Decreto 1277 de 2013 "por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras" en cuyo artículo 1 ordena como sujeto prioritario " personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico 'El Quimbo' en el departamento del Huila.
- Censo / Sentencia T-135/13
Asoquimbo instó a la Contraloría General de la República a realizar un pronunciamiento sobre la solicitud de desacato a las disposiciones de la Sentencia T-135 de 2013 mediante la cuál la Corte Constitucional ordenó la realización de un nuevo censo de afectados.
- Informes de cumplimiento Ambiental (ICA´s)
De acuerdo con la información entregada por Asoquimbo a la Contraloría, es importante revisar el Auto 07149 del 21 de noviembre de 2018, en el que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales compendia los incumplimientos de Enel (Emgesa) a la licencia Ambiental y de acuerdo con lo observado por Asoquimbo del aproximado de 137 obligaciones establecidas entre programas y requerimientos solo se habrían cumplido 10.
Si desea conocer el informe completo presentaro por Asoquimbo a la Contraloría en esta reunión puede hacer click aquí
El Auto Nº. 06118 del 30 de junio de 2020
Jenniffer Chávarro, Presidenta de Asoquimbo, presentó las preocupaciones de la organización frente al Auto de Seguimiento No. 06118 de 2020 expedido por la ANLA debido a que se hace evidente que persisten los incumplimientos, los riesgos generados por la hidroeléctrica y las solicitudes de modificación por parte de Emgesa.
Tras la exposición de argumentos, Asoquimbo presentó ante la Contraloría Delegada cinco (5) solicitudes en el marco del proceso de Auditoría:
1.- Realizar una revisión rigurosa y verificar los incumplimientos que se registran en los antecedentes contenidos en el documento presentado por la organización.
2.- Definir con precisión cada uno de los incumplimientos y los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo desde la expedición de la Resolución 321 del 2008 proyectado a 50 años previstos Como de vida útil de la represa e informar de manera precisa en qué consiste el presunto daño patrimonial, a partir de lo estimado por la Contraloría general “en poco más de 350 mil 644 millones de pesos” en el año 2012.
3.- Solicitar al Consejo de Estado se informe sobre el avance de las acciones interpuestas de nulidad de la Licencia Ambiental y Acción de Cumplimiento del derecho a Tierras y a la Fiscalía General sobre el estado actual de la investigación por el presunto delito de daños en recursos naturales y estudiar la posibilidad de coadyuvancia por parte de la CGR.
4.- Informar quienes son los responsables y a quién compete investigar y juzgar por el detrimento patrimonial causado por la “Adquisición de 4 predios sin disponibilidad de recurso hídrico” y no aptos para el cultivo.
5.- Solicitar a la Corte Constitucional y a la Sala de decisión Civil sobre el Estado actual de cumplimiento de la Sentencia T-135/13 y, específicamente sobre la solicitud de Asoquimbo de declaratoria de desacato a la Sentencia T 135/13 sobre nuevo censo de afectados del Quimbo, teniendo en cuenta que según la procuraduría,” en los informes que presenta Emgesa no existe un pronunciamiento hecho por la Procuraduría Regional del Huila en cuanto al seguimiento que se hace al cumplimiento de la sentencia T-135/13.
Alcances de la Auditoría
Al cierre de la jornada de trabajo, los delegados de la Contraloría manifestaron disposición y compromiso con el proceso de Auditoría y agradecieron a Asoquimbo por la rigurosidad en la sistematización de los incumplimientos a la Licencia Ambiental. Según los funcionarios el documento entregado es de gran apoyo para la labor que realiza la Contraloría y lo revisarán detenidamente para hacer el seguimiento los pronunciamientos a los que haya lugar.
De la misma manera manifestaron que existen algunas limitaciones en esta auditoria relacionadas principalmente con el volumen de la información que existe, con el número amplio de modificaciones que ha sufrido la Licencia Ambiental y fundamentalmente con la situación de confinamiento generado por el Covid-19 que limitará o restringirá el trabajo de la Contraloría en terreno para la verificación de la información.
De acuerdo con la funcionaria responsable del proceso, el informe estará listo el 18 de diciembre de 2020 y se dará a conocer oficialmente a las entidades involucradas y será puesto a disposición del público.
