Carta al gobernador Luís Enrique Dussán, al director de tierras de la ATN, los organismos de control y a la opinión pública.
La Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y el Acuerdo de Cooperación incorporado, impusieron a ENEL-EMGESA la obligación de construir la infraestructura de riego por gravedad para 2.700 hectáreas de tierras destinadas a garantizar la restitución de la producción agrícola en el centro del departamento del Huila y garantizar la actividad productiva y el derecho al trabajo de las comunidades más vulnerables (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros, paleros, entre otros) de los municipios de la zona de influencia del proyecto.
Desde el año 2013 ENEL-EMGESA viene incumpliendo con esta obligación. Inicialmente, de manera ilegal, la empresa hizo renunciar a los campesinos a su derecho a tierras estafándolos con la entrega de capital semilla. Ahora, argumentando una supuesta “inviabilidad técnica y financiera” para la construcción de los distritos de riego por gravedad, solicita e insiste en una nueva modificación a la Licencia Ambiental. Todo ello con el aval del Gobierno Nacional y en particular el de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
La “alternativa” de ENEL-ENGESA es hacer entrega de maquinaria, suministro de material vegetal e insumos, mejoramiento de vivienda, entre otros, a cambio de los distritos de riego por gravedad reduciendo el valor de la compensación a unos 30 millones de pesos por unidad familiar, es decir, otra estafa adicional, debido a que la adecuación con distrito de riego por gravedad representa una importante inversión económica que Emgesa debe realizar para reparar los daños causados a los campesinos y la región.
Debido a que la propuesta de modificación no ha logrado consenso ni ha sido aprobada por los firmantes del Convenio de Cooperación, ENEL-EMGESA ha convocado a los afectados a una “Jornada de Información y Participación” e invitado al Director de Acceso a Tierras JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ para que participe donde se le comunica que se trata de presentar su “propuesta de modificación del Acuerdo de cooperación relacionada con la compra y adecuación de 2.700 ha.”
Esta denominada “jornada de información y participación”, que está convocada del 26 al 28 de febrero, se trata de una estrategia amañada que busca el aval de las comunidades y el gobierno para evadir la obligación.
Por lo anterior, exigimos al Gobernador del Huila, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la República exigir a la compañía la suspensión de esta convocatoria toda vez que representa una usurpación del poder del Estado.
