Avanza la audiencia de pruebas en el marco de la nulidad de la Licencia Ambiental de El Quimbo

El caso del Quimbo ante el Consejo de Estado es de suma relevancia porque busca la justicia socio ambiental frente a la impunidad corporativa y las afectaciones causadas al departamento del Huila, al río Magdalena y sus pobladores, quienes durante más de 12 años han exigido respuestas y soluciones por parte del Estado Colombiano

Avanza la audiencia de pruebas en el marco de la nulidad de la Licencia Ambiental de El Quimbo

El 17 de agosto de 2021, se desarrolló la tercera sesión de la etapa de pruebas de la demanda de Nulidad de la licencia Ambiental del Quimbo iniciada el pasado mes de junio.

El debate judicial que se encuentra en el Consejo de Estado, máximo Tribunal de Colombia, resulta fundamental porque discute la celeridad de las decisiones administrativas en materia ambiental y la aplicación de los principios de prevención y precaución en grandes proyectos como las represas a partir de la controversia generada por El Quimbo.

Hasta el momento se han decretado nuevas pruebas documentales tales como: el informe de Auditoria de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo realizado por la Contraloría General de la República ; el mapa de Colombia en el que se detalle las zonas de riesgo geológico que se encuentran en todo el territorio nacional, detallando con precisión la zona en donde se encuentra ubicada la represa del Quimbo y las características de las misma, además de un concepto sobre la disminución de la incertidumbre generada por flujos de escombros, por sismicidad, erupciones volcánicas en la represa del Quimbo y por último un informe sobre las gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo Colombia para establecer la situación social de los afectados y la afectación ambiental.

En cuanto  pruebas testimoniales solicitadas por los demandantes, se han recibido las de Julio Fierro Morales, Geólogo y Magister en Geotecnia, Manuel Rodríguez Becerra Ex Ministro del Medio Ambiente de Colombia y profesor emérito de la Universidad de los Andes y Julio Carrizosa Umaña Ingeniero Civil y Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quienes han expuesto académica y técnicamente, las preocupaciones que generan las Represas y en particular, la incertidumbre, el riesgo y la vulnerabilidad del Quimbo, en el actual contexto de emergencia, crisis ambiental y cambio climático.

Por parte de Emgesa, el día de ayer inició su presentación el ingeniero civil Víctor Julio Ángel, empleado de compañía desde hace veinticuatro años, quién continuará en Audiencia el próximo lunes 23 de agosto a partir de las 2pm, fecha en la cual también se encuentra citado Lucio Rubio Díaz Gerente General Enel Colombia, Julio Alfonso Santafé anterior Director del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el responsable de la empresa INGETEG S.A ingenieros constructores, sociedad que realizó los estudios de la represa para Emgesa S.A. ESP. Citados para declarar sobre el proceso constructivo de la represa y ampliar la información relacionada con la situación de riesgo y el proceso de construcción de la obra, que ha sido uno de los temas de mayor relevancia en la etapa probatoria.

Aspectos relevantes expresados por los testigos

El Geólogo Julio Fierro, expresó que los informes y conceptos a lo largo del proyecto por parte de la Gobernación del Huila (2016), el Servicio Nacional Geológico (2018), la  Contraloría General de la Republica (2013) y el reciente informe de Auditoría sobre la gestión de la ANLA (2020), reiteran las deficiencias, las omisiones y  los vacíos de información durante por lo menos 13 años, en lo relacionado con los aspectos geo ambientales (geología, geomorfología, geotecnia, a la hidrogeología, a las calidad de aguas) que son fundamentales en una obra civil y que resultaban indispensables para la decisión de viabilidad o no de la represa del Quimbo.

Sumado a lo anterior, manifestó su preocupación por las evidencias de inestabilidad presentadas al interior de la presa, los considerables deslizamientos en la casa de máquinas que fueron documentados por la Contraloría General de la República en el año 2013 y la falta de estudios referentes a la sismo-generación de la falla de Algeciras que es una de las principales fuentes sismo generadoras de la zona Andina del centro y sur del país.

Las declaraciones del geólogo Fierro son sumamente relevantes debido a que esos posibles escenarios de falla de la represa debían ser recogidos en el plan de contingencia permitiendo tener claridad sobre el accionar frente eventualidades como una ruptura. De acuerdo con un modelo presentado por la misma empresa en el año 2021, algunas zonas del casco urbano de la ciudad de Neiva serían inundadas ante esta eventualdiad.

Su declaración permite concluir que no se realizaron estudios rigurosos, que no hubo buenos diseños, que se presentaron filtraciones (salida del agua por entre el cuerpo de la presa) que sólo fueron debidamente consideradas hasta el 2019 cuando se determinó su volumen de salida de 0-400 litros por segundo; que no se tiene suficiente valoración del riesgo sísmico, que no existe un plan de contingencia que responda a las magnitudes de un proyecto como el Quimbo,  entre otras graves omisiones que generan mayor incertidumbre frente al riesgo.

“El peor riesgo con la represa del quimbo, sería no hacer nada”

Por su parte, Profesor Emérito Manuel Rodríguez Becerra aportando en su calidad de experto en materia ambiental, insistió en la necesidad del Diagnóstico de alternativas Ambientales, como un instrumento indispensable en política pública ambiental porque tiene como propósito establecer la ubicación del proyecto que genere el menor impacto, especialmente en casos como las hidroeléctricas que considera son de alta complejidad debido el desplazamiento de las comunidades y el sacrificio de tierras productivas.

Calificó como grave la omisión por parte de las autoridades ambientales del DDA y manifestó que era una posible razón de los problemas que presentan el caso del Quimbo, razón por la cual consideró que definitivamente debió tener un DDA para determinar la conveniencia o no de este tipo de proyectos para la sociedad.

Retomó el principio de precaución reconocido en  Art.1 de la ley 99 de 1993  y en convenios internacionales ratificados por Colombia, expresando que “cuando hay indicios serios de un daño irreversible la carencia de una certidumbre científica total no deberá ser usada como una razón para posponer medidas costo efectivas papara prevenir la degradación ambiental.” En tal sentido, la aplicación del principio de precaución debe considerar un análisis a profundidad de los costos ambientales y sociales de este tipo de proyectos y por el otro lado todos los beneficios sociales y económicos que deben derivarse de este tipo de proyectos, que para el caso del Quimbo probablemente hubiera conducido a la no realización del proyecto.

Alertó sobre el fracaso de las licencias ambientales en el mundo, por el actual contexto de emergencia ambiental, la importancia del diagnóstico de alternativas para la ubicación de un proyecto especialmente con enorme fragilidad por la región Andina y el riesgo del incremento de deslizamiento por lluvias torrenciales en los próximos años debido al cambio climático que aumenta la vulnerabilidad de Colombia. 

En su exposición advirtió que nos encontramos en una fase de desestabilización en la que no es posible recuperar el planeta tierra a las condiciones anteriores y pone de presente que la incertidumbre de la política minero-energética debe tener una fuerte relación desde la perspectiva de la crisis climática que parece ser irreversible. En tal sentido, el riesgo de incertidumbre es otro hoy a la que se imaginaron en su momento los que planearon el proyecto; razón por la cual considera que el riesgo del colapso de la represa podría será mayor en los próximos años, teniendo en cuenta los informes de inestabilidad de la presa, fallas sísmicas y la falta de información que se ha evidenciado en los informes de la Contraloría.

Recomendó que en casos como Hidroituango y El Quimbo, se debe ordenar la creación de un grupo a nivel internacional, independiente y multidisciplinario que pueda dar el veredicto sobre el proyecto como una forma de aplicar el principio de precaución para lidiar con la incertidumbre, pues el país necesita escrutar si la represa del Quimbo va colapsar o no  y  el Estado colombiano tiene la responsabilidad de  generar un mecanismo para saber cuáles son los riesgos de una posible falla de la represa.

Julio Carrizosa Umaña

El testimonio del maestro Julio Carrizosa Umaña, coordinador del código de recursos naturales, contribuyó con la reflexión de la importancia del pensamiento complejo frente a las incertidumbres y riesgos propios que implica la realización de este tipo de proyectos hidroeléctricos en territorio colombiano, teniendo en cuenta especialmente las características actuales del clima y la geología del país. 

Sostuvo que el territorio colombiano es un conjunto de ecosistemas que exigen estudios en detalle de las interrelaciones de los diferentes elementos del territorio para las características específicas de los sitios donde se hagan los proyectos, características que pueden variar muy rápidamente. En el caso de las represas, mencionó la importancia de comprender y conocer en detalle las características del agua, la variación de caudales y lluvias, en especial en un momento en el que en el planeta existe un riesgo de cambio en el clima que ha mostrado que tiene características mucho más graves que lo que se ha pensado anteriormente, en nuestras circunstancias las tres cordilleras, variedad de clima, la diversidad biológica, implica una cantidad de riesgo y de incertidumbre que sale de la incapacidad de conocer todos los elementos interrelacionados en el territorio por tanto resulta difícil tomar decisiones sin estudios muy bien detallados, razón por la cual señala que el nivel de educación e investigación deben ser acelerados para no cometer errores.

El último testimonio recibido en el Consejo de Estado fue el del ingeniero de Emgesa Víctor Julio Ángel. Su comparecencia ante este tribunal dio apertura a la discusión sobre la situación social y ambiental del proyecto.

En su declaración inicial, el ingeniero Ángel presentó el programa de reasentamientos como uno de los programas con mayor éxito en el cumplimiento de las obligaciones sociales determinadas en la licencia ambiental. Sin embargo, al ser requerido por el magistrado para ampliar la información y los detalles de este cumplimiento, se hizo evidente que muchas obligaciones sociales y ambientales se encuentran sin cumplir o están cumplidas parcialmente.

En el caso del reasentamiento de Llanos de la Virgen en el municipio de Altamira, debió reconocer que 6 años después de iniciada la operación de El Quimbo y 13 años de expedida la licencia ambiental, las personas trasladadas a este lugar no cuentan con distrito de riego. De la misma manera, señaló que la obligación de la adecuación de 2.700 hectáreas de tierra para garantizar la restitución de la actividad productiva de la región aun se encuentra sin cumplir.

Entre otros temas, el testigo de Emgesa S.A, se refirió a la sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía, a las razones por las cuáles no entregaron estudio de impacto ambiental en la solicitud de licenciamiento, al censo de afectados, al no retiro de la biosama (Aprovechamiento forestal), entre otros temas abordados superficialmente que dejan entrever los incumplimientos sistemáticos que se hicieron evidentes en la Audiencia Pública del año 2016 y resaltados en los informes que los entes de control han realizado sobre El Quimbo en los últimos años sobre la situación de incumplimientos y vulneración de derechos.

La declaración del testigo de Emgesa continuará el próximo lunes 23 de agosto a las 2:00 pm cuando habrá lugar para el contrainterrogatorio por parte de los demandantes.

Los testimonios presentados hasta el momento no solo cuestionan el grado de rigurosidad y responsabilidad con la que se tomó la decisión de la construcción de la Represa del Quimbo, sino que también reviven preocupaciones fundamentales alrededor de la obra como las situaciones de riesgos sísmicos geológicos.

El caso del Quimbo ante el Consejo de Estado es de suma relevancia porque busca la justicia socio ambiental frente a la impunidad corporativa y las afectaciones causadas al departamento del Huila, al río Magdalena y sus pobladores, quienes durante más de 12 años han exigido respuestas y soluciones por parte del Estado Colombiano a la grave crisis económica, social y ambiental producida por la construcción de la represa. Al mismo tiempo representa la posibilidad de trazar nuevos horizontes de política ambiental para el país que estén acordes a la realidad global y de crisis climática que enfrentamos.