“Estoy en la lucha y no pienso renunciar, tengo 66 años cumplidos y el restico de vida yo lo dedico para conseguir justicia para mí y mi comunidad“
Desde el pasado 2 de septiembre del 2020, Orlando Ramírez Pescador Artesanal y víctima de la represa El Quimbo, se encuentra realizando una protesta pacífica frente las instalaciones de Enel – Emgesa con el propósito de visibilizar y denunciar la sistemática violación de derechos de las comunidades del centro del Huila, especialmente, de su vereda Puerto Seco.
Desde el año 2011 Don Orlando viene exigiendo a través de diferentes acciones judiciales y de movilización, el rescate de sus derechos fundamentales y los de su comunidad. Ha interpuesto acciones de tutelas, incidentes de desacatos, se instaló de manera permanente con un “cambuche” en la plaza del municipio de Gigante y durante tres años asistió a la plaza de Bolívar en Bogotá. Hoy se encuentra en la calle 93 de la Capital de la República frente a las oficinas Enel-Colombia exigiendo justicia.
En el caso puntual de la vereda de Puerto Seco, Don Orlando afirma que Emgesa ocultó información con la intención de dejar por fuera de las medidas de compensación a gran parte de los afectados. A pesar de que la vereda figura como zona de influencia directa del proyecto, la estrategia de la empresa fue dividirla en zona de influencia directa local que representa el 75% del total de la población y en zona de influencia puntual que representa el 25%, reconociendo en esta última a un número muy reducido de afectados. La empresa desconoció intencionalmente la dependencia económica de esta vereda con el Río Magdalena, específicamente en lo relacionado con la captura y comercialización del pescado.
Es necesario mencionar que la Contraloría Departamental reconoció en el año 2012 que existieron fallas en la ejecución del censo de El Quimbo las cuales dieron paso a la exclusión de numerosas personas que cumplían las condiciones para ser reconocidas como afectadas y tenían derecho a ser indemnizadas. De acuerdo con los hallazgos de la entidad, se realizaron tres censos distintos, uno por la firma Ingetec en 2007 y otros dos ejecutados por Emgesa en 2008 y 2009. La comunidad nunca tuvo información real y claridad sobre estos censos y los afectados nunca fueron citados personalmente.
Debido a lo anterior, la Corte Constitucional ordenó mediante la Sentencia T-135 del año 2013 la elaboración de un nuevo censo que debía garantizar la participación de las comunidades y garantizar los derechos constitucionales a todas las personas que se encontraran en la misma situación de los demandantes. Emgesa por el contrario desacató la Sentencia y nunca realizó el nuevo censo, implementó una metodología excluyente y rechazó con respuestas ligeras y contradictorias a las 28 mil personas que solicitaron su inclusión, tal como le sucedió a Don Orlando.
Hasta la fecha, existen cientos de solicitudes de desacato presentadas por las victimas del proyecto, gremios productivos, organizaciones sociales, entre otros, ante el Tribunal del Huila y la Corte Constitucional sin obtener una respuesta que resuelva la crisis generada por la transnacional. Los afectados denuncian la falta de garantías del aparto judicial, especialmente del Tribunal del Huila teniendo en cuenta que la compañía participó de una capacitación a los Magistrados del Departamento con el propósito de explicar los alcances de la Sentencia T-135/13.
La Lucha que ha liderado don Orlando durante todos estos años expresa la tenacidad de los campesinos para resistir a la impunidad de Enel – Emgesa. La movilización y la acción se fortalecen exigiendo que finalmente se garantice la justicia socio-ambiental.
