De acuerdo con el tribunal, los pescadores artesanales sufrieron un daño materializado en la destrucción de su actividad productiva y les fue vulnerado el derecho al trabajo.
El Gobierno Departamental ratificó la existencia de aproximadamente 50,842 hectáreas y la disponibilidad del recurso hídrico en la zona de influencia del proyecto El Quimbo para la restitución de 2.700 has que deben ser compradas por la Agencia Nacional de Tierras.